- Diputados y Red Nacional Antitabaco advierten de manipulación de datos del Ministerio de Hacienda para no instalar sistema que controlaría adulteración, evasión fiscal y contrabando de bebidas alcohólicas. La industria que sería eventualmente controlada introdujo a varios cabilderos en la Asamblea Legislativa y estos lograron convencer a los diputados de detener el proyecto de ley 20.961.
6 de noviembre, 2019. Según documentos entregados por el Diputado José María Villalta, del Frente Amplio, a la Red Nacional Antitabaco, el Ministerio de Hacienda admite que se equivocó en los números que brindó a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el pasado 24 de setiembre, sobre los sistemas de trazabilidad de bebidas alcohólicas.
La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó positivo y por unanimidad, el Proyecto de Ley 20.961 contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico. Sin embargo, luego hubo varias audiencias en las que los convocados se opusieron al proyecto. Entre ellos sobresale Enrique Egloffde la Cámara de Industrias -que obviamente defiende los intereses de la industria- y el exviceministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien renunció tras demostrársele un conflicto de interés al ser socio de un bar que adeudaba impuestos a Tributación Directa y a la CCSS por más de ¢25 millones.
Según Teresita Arrieta, Presidenta de RENATA, “los números que brindó el exviceministro de Hacienda estuvieron errados ya que todos los números que dieron a la prensa se han basado en que Hacienda tendría que marcar botellas de licor de 7,24 ml. Es por ello que han repetido erróneamente que el sistema de trazabilidad fiscal es muy caro. Sin embargo, estas cifras no han sido corregidas públicamente por Hacienda, no han reconocido que se equivocaron en sus cálculos”.
Luego de que RENATA alertara a varios diputados sobre los errores de estos números brindados por Nogui, Villalta solicitó aclaraciones a Hacienda.
De esta forma, en el oficio DGH-523-2019 (del 4 de octubre), Juan Carlos Brenes, Director General de Hacienda, asegura que el estudio que brindó el exviceministro de Hacienda, Nogui Acosta, estaba “errado”: “Es importante aclarar que el estudio de bebidas alcohólicas fue elaborado por la División de Política Fiscal de la Dirección General de Hacienda, y existe una diferencia con respecto a los datos presentados ante la Comisión de Asuntos Económicos en cuanto la cantidad de envases, lo anterior por un error en la interpretación por parte de los encargados de realizar el estudio, con respecto al porcentaje (%) de volumen de alcohol según los mililitros de bebida por presentación. En un inicio se tomó el % de alcohol por volumen como los mililitros de alcohol en cada bebida, y lo que se tenía que hacer era multiplicar el % de volumen de alcohol por los mililitros de bebida. Por ejemplo, una cerveza de 355 mililitros, en la que se indica que tienen 5% volumen de alcohol, se consideró que tenía 5 mililitros de alcohol absoluto, cuando en realidad lo correcto era multiplicar 355 mililitros de bebida por 5%, dando como resultado que la cerveza tiene 17,5 mililitros de alcohol absoluto en una presentación de 355 mililitros de bebida”.
Por este error de Hacienda -una abismal diferencia entre la estimación de número de envase que presentó Nogui y que luego rectificó Hacienda en privado al Diputado Villalta– tanto diputados, como ministros y medios de comunicación replicaron los datos sin corroborarlos, haciendo creer a la población que el sistema de trazabilidad para bebidas alcohólicas era oneroso y no cumplía su cometido: disminuir el contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, además de bajar la evasión fiscal.
Es así como el exviceministro de Hacienda, Nogui Acosta, utilizó cifras que aseguraba que los costos del sistema eran casi 5 veces mayores a lo que son realmente.
Según oficio DPF-056-2019 entregado por Willy Chaves, Director de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda (9 setiembre 2019) a Nogui Acosta, y expuesto por el exviceministro ante la Comisión, el costo del sistema era de ¢16.271 millones. Ante los cuestionamientos de varios diputados por los cálculos errados, y ante la petición del Diputado Villalta, Juan Carlos Brenes, Director General de Hacienda, elaboró otro estudio que plasmó en el oficio DGH-523-2019, que brinda costos 5 veces menores a los brindados el 24 de setiembre. Pero este documento no fue revelado públicamente.
Exigencia de Villalta
“No puede ser que un Viceministro venga con una presentación tan pobre a una comisión legislativa. Espero que usted nos haga llegar los estudios técnicos de lo que usted ha afirmado aquí y no venga solo con especulaciones”, concluyó Villaltaen aquella ocasión.
Varios días después, Villalta recibió un nuevo oficio, en el cual Hacienda asegura que el costo del sistema es de ¢3.365 millones, y no de ¢16.271 millones. O sea que el costo es aproximadamente un 80% menor al brindado por Acostaante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa bajo juramento y a varios medios de comunicación que no corroboraron la información.
Villalta recordó que al haber ratificado Costa Rica el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el país debe implementar en todos los productos de tabaco este sistema de trazabilidad: “Creo que don Nogui debe ser el único Ministro de Hacienda a nivel mundial en estar en contra de recaudar impuestos, más bien parece un lobista pagado por un grupo interesado en que esto no se haga”. “Costa Rica sería el único país del mundo que no podría implementar un sistema de trazabilidad, hay muchos países que lo han instalado y en toda la recaudación se ha incrementado, ¿será que en todos esos países son tontos e implementaron un mecanismo que les deja pérdidas millonarias?”, preguntó Villalta a Acosta el 24 de setiembre pasado.
No quisieron oír ni investigar
Por su parte, el promotor de la Ley 20.961 que propone que el gobierno instale un sistema de trazabilidad, el Diputado Daniel Ulate, asegura que Hacienda brindó números erróneos sin ningún tipo de estudio técnico, y solo se basó en datos de notas internacionales para sacar los datos que llegaron a dar a la Comisión aquel 24 de setiembre.
Nydia Amador, Vicepresidenta de RENATA, asegura que en el año 2017, el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, suspendió la contratación publicada en el sistema de compras públicas del gobierno para el control del tabaco basándose en noticias falsas brindadas por las cámaras representantes de la industria tabacalera. Ella asegura que esto mismo está sucediendo hoy con la trazabilidad que el gobierno debería realizar con las bebidas alcohólicas para prevenir más muertes por consumo de bebidas adulteradas.
Amador asegura que no sería la primera vez que cámaras empresariales que tienen entre sus miembros a la industria tabacalera y del alcohol tratan de detener sistemas para el control fiscal. Puso el ejemplo de la investigación realizada por el New York Timesen la cual se revela la forma en que Amcham trata de detener las políticas antitabaco en toda la región de América Latina. Actualmente también utilizan datos brindados por Euromonitor (organización que recibe fondos de Philip Morris) y Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) ONG basada en New York que tiene entre sus patrocinadores a las tabacaleras Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International y a varias empresas de bebidas alcohólicas como Diageo.
Habría más ganancia para Hacienda
Según la estimación de Brenes, en su oficio DGH-523-2019, el país estaría aumentando su recaudación en ¢21.377 millones al disminuir el contrabando y la evasión en un 31,5% con un sistema de trazabilidad.
No contento con este rubro, Villalta solicitó a Hacienda calcular también el aumento en la recaudación del IVA que no fue considerado en ninguno de los estudios brindados por Hacienda.
Según el oficio DGH-545-2019, Brenes calcula que habría un aumento de ¢2.779 millones por este rubro. Así las cosas el país podría beneficiarse hasta con ¢24.145 millones de ingresos con un costo en el sistema de trazabilidad de ¢3.365 millones. El ingreso neto en el primer año de puesta en marcha de este sistema podría rondar los ¢20.000 millones (unos US$34 millones).
Para Amador, “acá hubo una clara manipulación de los números por parte del Ministerio de Hacienda y de las Cámaras, y los números errados fueron repetidos por La Nación y Nuestra Voz de Monumental. Lo cual sirvió para que Silvia Hernández, jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional sacara el proyecto de ley de la corriente legislativa. Claramente, ganó el cabildeo de la industria del alcohol y perdió la Salud Púbica”.
Según investigaciones realizadas por RENATA, hay varias personas en juntas directivas de un medio de comunicación que son las mismas que están en las juntas directivas de empresas de bebidas alcohólicas, dirigiendo cámaras empresariales y el cabildeo en la Asamblea Legislativa. ¿Si todo está en regla y pagan todos los impuestos entonces por qué oponerse a un sistema de trazabilidad?
